A la Lotería Nacional de la República Dominicana se les cedió la explotación de un saneado y consolidado juego español, se le cedió los derechos sobre la recaudación española para abonar los premios dominicanos, se les regaló un software de alta seguridad, conectado directamente con los servidores de la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado, valorado en cientos de miles o millones de euros, conociendo desde el inicio que todo esto iba a ser gestionado por una empresa privada cuyos propietarios y directivos estaban imputados por blanqueo de capitales. Toda América Latina sabía que los puntos de venta los pondría dicha empresa, y ni uno sólo la Lotería Nacional de la R. Dominicana. El Gordo de la Primitiva, fue a parar, entre otros puntos del país, a máquinas ubicadas en los casinos y casas de apuestas dominicanas. Sabiendo que el potencial de ventas sería mínimo.
¿Se les cedió la explotación del juego español a cambio de nada?, ¿se les cedió además de la marca, su infraestructura, el software de alta seguridad, la recaudación española para los premios dominicanos a cambio de nada?. Y todo ello con la plena conciencia de que los juegos son el mayor patrimonio (activos intangibles) que posee la sociedad estatal española, como así se refleja en las distintas auditorías.
Se puso en riesgo la seguridad y el prestigio de los juegos estatales españoles dada la estrecha relación que mantuvo con una empresa de bajo perfil y dudosa legalidad, y que obtuvo la concesión de explotación por diez años sin mediar concursos de capacitación y con el beneplácito de los directivos de SELAE, aunque todo estuviese apantallado por la Lotería Nacional dominicana. Y todo esto se justificó por una recaudación semanal en la República Dominicana que apenas alcanzó los diez mil euros semanales en todo el país (cinco euros a la semana por cada punto de venta). Se permitió la explotación durante diez años (aunque luego la justicia dominicana suspendiera temporalmente la concesión) a una empresa privada cuyos directivos tuvieron incluso a posteriori imputaciones y encarcelamiento por amenazas de muerte entre ellos.
La sociedad estatal española desestimó la colaboración con otros países de mayor potencial de ventas, de mejor reputación y más nivel empresarial. Todo en el contexto de las relaciones que ciertos cargos políticos tenían en aquel año con las empresas públicas de Madrid y empresas privadas de países latinoamericanos que hoy están siendo instruídas en los juzgados competentes.
¿Por qué no se investigó los motivos que condujeron a tal despropósito?, ¿Por qué bastó con la dimisión del presidente, como si ésta fuera por motivos de salud, y con el cese del director de negocios, que a su vez fue también consejero del Hipódromo de la Zarzuela (el cual tenía decenas de consejeros remunerados), y máxime cuando existen juegos españoles con pérdidas desde hace años que revierten anualmente sobre ese hipódromo público-privado más del beneficio de tales juegos?
¿Y por qué la presidencia actual, y la subdirección jurídica de la sociedad estatal española, conocedores de todo esto con el máximo detalle y no lo han reportado toda la información que obra en la sociedad estatal a la Fiscalía para que lo investigue?